El Tribunal Constitucional y las garantías de derechos fundamentales : análisis general y procedimiento de amparo, habeas data, habeas corpus, inconstitucionalidad / José Alejandro Vargas Guerrero.
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TextoDetalles de publicación: Santo Domingo, República Dominicana : Soto Castillo, 2013.Descripción: 314 páginasTema(s): Clasificación CDD: - 342.7293 V297t 2013
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Código de barras | |
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Libros
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SIBM UNADE - Biblioteca Sede Central En estantería | Colección General | 342.7293 V297t 2013 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e.1 | Disponible | 25-03371 | |
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SIBM UNADE - Biblioteca Sede Central En estantería | Colección General | 342.7293 V297t 2013 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e.2 | Disponible | 25-03372 |
Incluye referencias a pie de página.
la Constitución dominicana plantea un sistema de derechos fundamentales que busca mantener un equilibrio entre libertad y justicia social, además de establecer un régimen de garantías que incluye un modelo de justicia constitucional, liderado por el Tribunal Constitucional. Tanto el Poder Judicial como el Tribunal Superior Electoral, como parte del Poder Jurisdiccional, son las instancias primarias para la protección de los derechos fundamentales. Cuando estas dos son consideradas insuficientes, los afectados pueden apoderar a la jurisdicción revisora del Tribunal Constitucional, creado en 2010 para garantizar la supremacía de la 20 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Esa protección es posible gracias a las garantías que ha establecido el propio constituyente, que son los medios o instrumentos a disposición de los individuos para defender sus derechos. Estas garantías consisten en la acción constitucional de amparo, el recurso contencioso administrativo, el habeas corpus y el habeas data, la revisión de decisiones jurisdiccionales y las dictadas en materia de amparo. Recordemos que un derecho fundamental llega a ser letra muerta si el sistema de derecho de que se trate no ofrece mecanismos judiciales y/o administrativos efectivos, que permitan su protección real ante las vulneraciones que pudieran suscitarse.
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